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EE.UU. pide a Justicia de Latinoamérica actuar para castigar a los corruptos

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Estados Unidos llamó este jueves a los sistemas judiciales de Latinoamérica a “tomar acción contra” quienes hayan aceptado “sobornos” para contrataciones públicas, al alertar de que la corrupción sigue frenando el desarrollo y la prosperidad en la región.

EE.UU. tiene años trabajando con socios en la región “para intentar mejorar las oportunidades y la prosperidad de los pueblos” y ha “invertido miles de millones de dólares en programas de desarrollo, pero lo que encontramos que es el mayor retraso al avance de las sociedades es la corrupción”, dijo el subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

En ese contexto, explicó Kozak en una entrevista con la Radio Panamá, la cooperación estadounidense ha puesto “mayor énfasis del lado de la política”, intentando “trabajar con los Gobiernos para ayudarles a que mejoren su propio sistema legal y que fortalezcan sus instituciones y el imperio de la ley”.

Recalcó que desde la década de 1970 está vigente en EE.UU. la “ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, que hace que sea ilegal que cualquier compañía de EE.UU. pague sobornos o que se involucre en ese tipo de actividades”.

“Mientras que algunas personas dijeron al inicio que eso nos pondría en desventaja ante nuestros competidores, resulta que a la larga eso ha ayudado, porque la gente sabe que nuestras compañías no están pagando sobornos, mientras que no saben eso cuando están lidiando con el Partido Comunista de China o con sus compañías paraestatales”, afirmó Kozak.

Así, EE.UU. cree que “los países que quieren asegurarse de que sus compañías no se involucren en este tipo de actividades deben crear una ley similar” a la estadounidense “y hacer que el costo de que una compañía pague sobornos sea tan alto que no lo haga, y así también podemos evitar que los funcionarios acepten los sobornos”.

“Y los sistemas de Justicia en la región deben tomar acción contra aquellos que sí han tomado sobornos en desventaja de sus propios compatriotas”, añadió.

El de la corrupción “es un problema grande en la región, es un asunto grande para nosotros y es algo en lo que estamos trabajando muy de cerca y muy exitosamente” con socios como Panamá, “que es un aliado maravilloso en este esfuerzo”, aseveró Kozak.

EL CASO ODEBRECHT

Para el subsecretario de Estado interino “un buen ejemplo de por qué la corrupción no es buena idea” es el caso de la constructora brasileña Odebrecht, condenada en 2017 por un juzgado estadounidense a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por el escándalo de los sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África.

Esta trama trajo “enormes consecuencias” no solo por el volumen de dinero sucio involucrado sino también por “los efectos sobre la confianza del pueblo en sus Gobiernos”, dijo Kozak.

En Panamá, donde Odebrecht dijo haber pagado al menos 59 millones de dólares en coimas, la investigación involucra a decenas de exfuncionarios, entre ellos los expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, estos dos detenidos en Guatemala con fines de extradición a EE.UU.

El Departamento de Justicia estadounidense ha informado que acusa a los hermanos Martinelli de haber servido de intermediarios en el pago de 28 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a un exalto funcionario panameño, que además era familiar de ellos.

Los hijos del expresidente intentan deshacer su detención en Guatemala alegando que supuestamente gozan de inmunidad por haber sido electos en el 2019 como diputados suplentes por Panamá al Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque no han logrado hasta ahora convencer al ente regional para que finalmente los juramente en el cargo estando presos.

“Cualquier organización multilateral debe evitar utilizar la inmunidad que se le brinda a sus miembros para darle inmunidad retroactiva a alguien que ha sido acusado”, y si eso llegara a ocurrir con el Parlacen se dañaría “el imperio de la ley”, y fomentaría “la impunidad en la región”, sostuvo Kozak.

La Fiscalía panameña imputó al expresidente Martinelli por supuesto lavado de dinero y desde el martes pasado tiene prohibida la salida del país.

Asimismo, el expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) ha sido imputado por supuesto lavado de dinero por haber recibido de Odebrecht la presunta financiación ilegal de sus campañas políticas.

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